Las c\u00e1maras de videovigilancia instaladas en comercios, recintos, eventos u otros espacios pueden registrar robos, agresiones, da\u00f1os u otros incidentes. Cuando esto ocurre, surgen r\u00e1pidamente varias preguntas: \u00bfpuede la persona afectada pedir las im\u00e1genes?, \u00bfpueden entregarse si aparecen terceros?, \u00bfcu\u00e1nto tiempo deben conservarse? \u00bfY qu\u00e9 sucede si existe una denuncia o un procedimiento en curso?<\/p>\n
La respuesta no siempre es sencilla. Aunque la normativa establece algunas reglas generales, es necesario distinguir entre situaciones jur\u00eddicamente diferentes.<\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n es responsable de las im\u00e1genes?<\/strong><\/p>\n La primera cuesti\u00f3n es determinar qui\u00e9n act\u00faa como responsable del tratamiento.<\/p>\n No siempre coincide necesariamente con quien organiza una actividad o utiliza el espacio. Dependiendo de c\u00f3mo se haya configurado el sistema de videovigilancia, puede ser el propietario o gestor del establecimiento, el organizador, otra entidad o incluso existir una distribuci\u00f3n de (co)responsabilidades entre distintos intervinientes.<\/p>\n Esta cuesti\u00f3n es relevante porque ser\u00e1 el responsable quien deba atender las solicitudes relacionadas con las im\u00e1genes y decidir sobre su conservaci\u00f3n o comunicaci\u00f3n.<\/p>\n \u00bfPuede una persona solicitar las im\u00e1genes en las que aparece?<\/strong><\/p>\n Cuando una persona solicita acceder a im\u00e1genes en las que ella misma aparece, estamos ante el ejercicio del derecho de acceso reconocido por la normativa de protecci\u00f3n de datos.<\/p>\n Sin embargo, las grabaciones rara vez contienen \u00fanicamente la imagen de quien formula la solicitud. Es habitual que aparezcan otras personas, cuyos derechos tambi\u00e9n deben protegerse.<\/p>\n Por este motivo, el ejercicio del derecho de acceso no implica necesariamente la entrega sin m\u00e1s de una copia \u00edntegra de la grabaci\u00f3n. La normativa de protecci\u00f3n de datos obliga a compatibilizar el derecho del solicitante con los derechos y libertades de los terceros que puedan aparecer en las im\u00e1genes.<\/p>\n La identificaci\u00f3n de la persona que formula la solicitud tambi\u00e9n adquiere especial importancia en este contexto, precisamente para comprobar que aparece efectivamente en las grabaciones a las que pretende acceder.<\/p>\n \u00bfY si se solicitan im\u00e1genes de otra persona?<\/strong><\/p>\n La situaci\u00f3n es diferente cuando alguien no pretende acceder a sus propias im\u00e1genes, sino obtener im\u00e1genes de un tercero, por ejemplo, para identificar a la persona que supuestamente ha cometido un robo, provocado da\u00f1os o participado en otro incidente.<\/p>\n En este caso ya no estamos propiamente ante el ejercicio del derecho de acceso.<\/p>\n Puede existir un inter\u00e9s leg\u00edtimo en obtener determinada informaci\u00f3n para formular o defender una reclamaci\u00f3n, pero la entrega supone al mismo tiempo una comunicaci\u00f3n de datos personales de terceros.<\/p>\n Por ello, entran en juego cuestiones distintas: la finalidad para la que se solicitan las im\u00e1genes, la necesidad de disponer de ellas, la posible existencia de otras v\u00edas para obtener la informaci\u00f3n y el principio de minimizaci\u00f3n de datos.<\/p>\n No es, por tanto, equivalente solicitar las im\u00e1genes propias que solicitar las im\u00e1genes de otra persona.<\/p>\n Polic\u00eda, tribunales y la regla de las 72 horas<\/strong><\/p>\n Otro escenario diferente es que las im\u00e1genes sean necesarias como consecuencia de un posible delito o de hechos que afecten a la integridad de personas, bienes o instalaciones.<\/p>\n El art\u00edculo 22.3 de la Ley Org\u00e1nica de Protecci\u00f3n de Datos establece una regla espec\u00edfica para estos casos.<\/p>\n Como principio general, las im\u00e1genes obtenidas mediante sistemas de videovigilancia deben suprimirse en el plazo m\u00e1ximo de un mes desde su captaci\u00f3n.<\/p>\n Sin embargo, cuando deban conservarse para acreditar actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones, la propia norma establece que deben ponerse a disposici\u00f3n de la autoridad competente en un plazo m\u00e1ximo de 72 horas desde que se tenga conocimiento de la existencia de la grabaci\u00f3n.<\/p>\n Esta previsi\u00f3n debe diferenciarse del supuesto en el que una autoridad policial o judicial solicita directamente determinadas im\u00e1genes dentro de una investigaci\u00f3n o procedimiento.<\/p>\n \u00bfHay que conservar toda la grabaci\u00f3n?<\/strong><\/p>\n La excepci\u00f3n al plazo ordinario de un mes tampoco significa necesariamente que cualquier grabaci\u00f3n relacionada con un incidente deba conservarse \u00edntegramente y de forma indefinida.<\/p>\n En materia de protecci\u00f3n de datos sigue siendo aplicable el principio de minimizaci\u00f3n.<\/p>\n Esto plantea una cuesti\u00f3n especialmente relevante en la pr\u00e1ctica: determinar qu\u00e9 parte de la grabaci\u00f3n resulta necesaria para acreditar adecuadamente los hechos.<\/p>\n En muchos incidentes no ser\u00e1 suficiente con conservar \u00fanicamente el instante exacto en el que sucede algo. Lo ocurrido inmediatamente antes o despu\u00e9s puede ser necesario para entender el contexto, identificar a las personas implicadas o interpretar correctamente la secuencia.<\/p>\n La extensi\u00f3n de las im\u00e1genes que resulte necesario conservar depender\u00e1, por tanto, de las circunstancias de cada caso.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 ocurre cuando existe una reclamaci\u00f3n o un procedimiento?<\/strong><\/p>\n La existencia de una denuncia, reclamaci\u00f3n o procedimiento tambi\u00e9n puede afectar al periodo durante el que resulta necesario conservar las im\u00e1genes.<\/p>\n Si una grabaci\u00f3n resulta relevante para acreditar unos hechos o para formular, ejercer o defender una reclamaci\u00f3n, su conservaci\u00f3n puede responder a una finalidad diferente de la mera videovigilancia ordinaria.<\/p>\n En estos casos cobra especial importancia limitar el acceso a las grabaciones y evitar que puedan utilizarse para finalidades distintas de aquellas que justifican su conservaci\u00f3n.<\/p>\n Asimismo, la entrega de una copia a una autoridad no implica por s\u00ed sola que desaparezca autom\u00e1ticamente cualquier necesidad de conservaci\u00f3n por parte del responsable. Habr\u00e1 que analizar cu\u00e1l es la finalidad que contin\u00faa justificando el tratamiento y durante cu\u00e1nto tiempo subsiste.<\/p>\n No todas las peticiones de im\u00e1genes son iguales<\/strong><\/p>\n Buena parte de la complejidad jur\u00eddica de la videovigilancia aparece despu\u00e9s de que las c\u00e1maras hayan cumplido precisamente su funci\u00f3n de seguridad.<\/p>\n A partir de ese momento pueden concurrir derechos e intereses diferentes: el derecho de acceso de una persona a sus propios datos, la protecci\u00f3n de terceros que aparecen en las grabaciones, la necesidad de identificar al responsable de unos hechos, una investigaci\u00f3n policial o judicial, obligaci\u00f3n de reportar a las autoridades o la conservaci\u00f3n de determinadas pruebas.<\/p>\n Por ello, antes de analizar cualquier petici\u00f3n de im\u00e1genes resulta esencial identificar qui\u00e9n controla el sistema de videovigilancia, qui\u00e9n solicita las im\u00e1genes, qu\u00e9 pretende obtener y para qu\u00e9 finalidad.<\/p>\n Peque\u00f1as diferencias en estos elementos pueden hacer que situaciones aparentemente similares est\u00e9n sometidas a reglas distintas e, incluso, por querer ayudar acabar infringiendo la normativa de protecci\u00f3n de datos personales. La Gu\u00eda de la AEPD da criterios bastante \u00fatiles para este an\u00e1lisis.<\/p>\n Autor:<\/strong> Sergio de Juan-Creix (con ayuda de la bestia<\/em>\u00ae, nuestra IA)<\/p>\n","protected":false},"featured_media":5547,"parent":0,"template":"","categorias-blog":[],"class_list":["post-5575","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry"],"yoast_head":"\n